SAN JOSÉ DE OCOA.-
Un tribunal de primera instancia de aquí, impuso una multa y una indemnización por RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario por daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, San José de Ocoa.
La sentencia, dictada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, impuso dos años de prisión, en modalidad suspendida, al agroempresario Manuel Castillo Pimentel.
La denuncia del caso y el proceso fue llevado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren).
Por gestiones de la Proedemaren, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, notificó la decisión al Ministerio Público, el pasado 10 de diciembre de 2025.
La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada el 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación.
La empresa Macapi y Castillo Pimentel fueron procesados por violación a las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80,121, 122,124, 126, 138, 156, 174,175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; artículos 62 numeral 1, 63, 64, Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
La sentencia impone a Agroforestal MACAPI S.A. y a Castillo Pimentel, al pago de una multa de 5 mil salarios mínimos, equivalente a RD$50,000,000) a favor del Estado dominicano y dos años de prisión en la cárcel Pública Baní Hombres, aunque la suspende por la aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, resaltó que el tribunal condenó a los procesados, además, a reparar y restaurar el área impactada de aproximadamente 100 tareas con un plan de reforestación con plantas nativas de la zona y supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Contreras explicó que ese órgano del Ministerio Público, además de encauzar el proceso penal, se constituyó en actor civil, razón por lo que a los procesados se le impuso RD$10 millones de indemnización al Estado dominicano, “como justa reparación de los daños morales sufridos por éste a causa de los ilícitos ambientales cometidos por el imputado”.
La sentencia dispone, además, que los procesados deben pagar las costas penales.
En el caso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, de la Proedemaren.
La Proedemaren inició el proceso en julio de 2022.
La empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda, explica la acusación.
Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.
Además, con sus acciones, el empresario es acusado de afectar una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso, como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.
En adición a esto, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros.
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