Santo Domingo.- La aprobación y posterior promulgación del nuevo Código Penal, una de las leyes salidas del Congreso con más vacíos y más criticada, según el Gobierno, representa una de las transformaciones más importantes del sistema jurídico dominicano en las últimas décadas, al dotar al país de una legislación adaptada a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas que caracterizan al siglo XXI.
Destacada como uno de los principales avances de la nueva legislación, la incorporación de delitos que han surgido como consecuencia de la evolución tecnológica y de los cambios en las dinámicas sociales y económicas.
Entre ellos se encuentra el ciberacoso, las estafas piramidales, la intermediación financiera ilegal, la desaparición forzada, la violencia económica, las falsas denuncias y la obstrucción de la justicia, conductas que afectan cada vez con mayor frecuencia a la población y que requerían respuestas jurídicas acordes con la realidad actual.
Sin embargo, los senadores y diputados, mayoría perteneciente al Partido Revolucionario Dominicano (PRM), sello gomígrafo del presidente Luis Abinader, sancionó varios artículos que afectan la libre comunicación en República Dominicana.
Es verdad que la inclusión de algunas figuras permite cerrar vacíos legales que durante años limitaron la capacidad de las autoridades para perseguir determinadas modalidades delictivas, fortaleciendo así el marco jurídico nacional frente a fenómenos criminales que evolucionan constantemente, pero también abre un capítulo que la población tendrá que ver caminar sin ninguna preocupación a los funcionarios del gobierno que se hacen ricos con el dinero del pueblo sin que se le pueda decir nada.
La reforma también incorpora por primera vez en el Código Penal dominicano los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, armonizando la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y reafirmando el compromiso del país con la protección de la dignidad humana y el respeto al derecho internacional.
Otro de los aspectos innovadores es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Con esta disposición, las empresas podrán responder penalmente cuando determinados delitos sean cometidos en su beneficio, fortaleciendo la cultura del cumplimiento normativo, la transparencia corporativa y la responsabilidad empresarial.
Esta medida acerca la legislación dominicana a las mejores prácticas internacionales y promueve un entorno de negocios más seguro y confiable para la inversión.
El nuevo Código también fortalece las herramientas del Estado para enfrentar las estructuras criminales más complejas mediante el endurecimiento de las penas para delitos de alto impacto como el sicariato, el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico, la violación sexual y el crimen organizado.
Las nuevas disposiciones permiten imponer condenas de hasta 40 años de prisión y, en los casos de concurso de infracciones graves, hasta 60 años.
La actualización legislativa responde igualmente a los desafíos derivados de la transformación digital.
La incorporación de figuras como el ciberacoso y otros delitos tecnológicos fortalece la capacidad de respuesta de las autoridades y ofrece mayor protección a quienes utilizan diariamente los entornos digitales para trabajar, estudiar o realizar actividades comerciales.
La aprobación de este Código representa un avance institucional que coloca a la República Dominicana en sintonía con las tendencias del derecho penal moderno. Más que una reforma legislativa, constituye una actualización integral del marco jurídico nacional para responder a una sociedad que ha cambiado profundamente y que demanda instituciones capaces de enfrentar con eficacia los desafíos del presente y del futuro.AL
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