Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) saludó el arresto y posterior sometimiento a la justicia de seis personas, incluyendo empleados de la institución, que integraban una red que se dedicaba a falsificar y suplantar documentos, con el propósito de beneficiar a nacionales haitianos en la provincia Peravia.
Por el hecho se persiguen dos personas más, contra las que fueron emitidas las respectivas órdenes de arresto.
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Peravia, magistrada Loida Amador, dispuso la declaratoria de caso complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar y garantÃa económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier MarÃñez Guillén, Elizabeth Mercedes GarcÃa, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Conforme al Ministerio Público, los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaran allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y BanÃ, pertenecientes a la provincia Peravia.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la OficialÃa de Estado Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la dirección de la Oficial del Estado Civil, MarÃa Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga de la justicia, al igual que la imputada Dominga Valdez, pesando contra ambas órdenes de arrestos.
El ‘modus operandi’ de la red se desarrollaba a partir de una supuesta fundación identificada como ANEADEF, a cargo de Dominga Valdéz, que según la descripción se dedicaba a la educación a personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad educativa o fÃsica.
Conforme a las indagatorias, en el lugar se ofrecÃa una supuesta orientación y asistencia a personas que no portaran documentos de identidad, pero en realidad se dedicaban a comercializar las identidades falseadas, a partir de suplantaciones de documentos de dominicanos.
La investigación está siendo llevaba a cabo por la FiscalÃa de Peravia, la FiscalÃa adscrita a la JCE, la dirección nacional de seguridad civil del organismo de elecciones, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la consultorÃa jurÃdica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de InspectorÃa y la Dirección de Informática de la JCE.
El grupo está acusado de violar los artÃculos 265, 266, 145, 146,147, 148,150 y 151 del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos, asà como los artÃculos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, además de los artÃculos 13 y 14.4, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artÃculos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artÃculos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa.AL
Publicar un comentario