Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó la atención del país sobre un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”, que según evidencia pública y estándares internacionales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El PLD defendió el derecho a la seguridad ciudadana, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
Denunció que en los últimos meses, se han registrado hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos.
Informó que el periódico impreso Diario Libre, registró al menos 50 muertes en presuntos “intercambios de disparos” entre enero y abril de 2025; mientras para el dos de junio de 2025, el conteo ascendía a 65, y al 4 de julio ya eran 82 casos en el semestre, según el mismo seguimiento.
Recordó que el 22 de julio de 2025, cámaras de seguridad captaron en Baní a agentes del DICRIM disparando a un hombre en una galería, por lo que el hecho fue denunciado por familiares como ejecución.
Dijo que el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito, 7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025, mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
El partido de la oposición informó que los fallecidos en los llamados intercambios de disparos y por otras acciones de las fuerzas del orden subieron hasta llegar a los 227 casos en el 2024, según datos oficiales.
Manifestó que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios de actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, el Reglamento de uso de la fuerza del Ministerio de Interior y Policía (MIP) dispone que la fuerza letal debe minimizar daños y ser congruente y proporcional.
Recordó que el informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos especificó la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en República Dominicana.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencias en 2024 sobre el derecho a la vida en el contexto de acciones policiales.
Exigió que de inmediato se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, que es estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
El PLD, exige, exige, también, la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones.
Además, demandó, el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Requirió la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad.
El partido morado, de igual forma, solicitó la creación
de una comisión especial de seguimiento a muertes por intervención policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.
Reglamentar que a 72 horas de la publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
Además de cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital y un plan de
capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad.AL
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